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2018 para las administraciones públicas: Lo urgente y lo importante.

Mié, 18/04/2018 - 12:49
Madeja de colores

2018 para las administraciones públicas: Lo urgente y lo importante.

Cambios regulatorios

Este recién comenzado año de 2018 trae consigo la entrada en vigor de cuatro normas que afectarán notablemente al funcionamiento general de la administración y a su proceso de transformación digital en particular.

Así, en marzo entrará en vigor la nueva ley de Contratos del sector público, con la tramitación electrónica integral y la factura electrónica, en mayo el Reglamento Europeo de Protección de Datos con la figura del Delegado de Protección de Datos y el enfoque proactivo de la protección de los derechos personales, antes del mes de junio debería estar transpuesta la Directiva 2016/1148, de Seguridad de las redes y sistemas de información (Directiva NIS), con las obligaciones acerca de la prevención, respuesta, información y coordinación ante incidentes de seguridad, y en octubre entrará en vigor la disposición final séptima de la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo común, con la plena operatividad del Registro Electrónico de Apoderamientos, el Registro Electrónico y el Archivo Único electrónico.

Todas ellas afectan a todos los niveles de la Administración Pública y al sector privado, si bien con diferente intensidad, y las tres primeras, además, derivan del marco europeo, es decir, incluyen una dimensión supranacional en las previsiones y obligaciones que imponen. La dimensión supranacional de la regulación europea se ve reforzada en este caso porque los  aspectos señalados en el párrafo anterior, relacionados con datos, redes de comunicaciones y servicios y sistemas de información son, en sí mismos no solamente trasnacionales y europeos sino, en algunos casos, completamente globales.

Ciertamente, ninguna de estas obligaciones de la administración pública es una novedad y una gran parte de los proyectos asociados a su entrada en vigor deberían estar muy avanzados en el momento actual. No obstante, es importante recordar que a lo largo de los últimos años (2015-2017) los trabajos de carácter organizativo y técnico asociados a ellas, se han desarrollado en un contexto de intensa limitación presupuestaria y notable complejidad política.

Por eso, ante la presión que siempre se genera en las últimas fases de proyectos de esta naturaleza, tal vez sea el momento de reflexionar con calma acerca de lo que estas normas suponen y tratar de analizarlas desde una perspectiva más amplia.

El contexto

El mundo se digitaliza. Es una evidencia de la que cada día aparecen nuevas pruebas. El ritmo al que está ocurriendo no solamente no se estabiliza sino que parece incrementarse. Y no sucede únicamente en los países desarrollados: África está en el grupo de cabeza del crecimiento de usuarios de banca móvil y el centro de la innovación digital parece estarse moviendo hacia China.

La digitalización desencadenada por internet y los dispositivos móviles ha ofrecido a los individuos unas capacidades de comunicación, de información y, sobre todo, de elección, que previamente sólo estaban en manos de las organizaciones o de las clases más acomodadas. No sólo la tecnología se ha democratizado –en el sentido de resultar accesible a la mayoría de la población- sino que el nivel de influencia al alcance de cada persona en concreto (como consumidor, como usuario, como votante, como ciudadano, como creador…) se ha igualado extraordinariamente y se ha hecho prácticamente incontrolable.

El esfuerzo de las organizaciones para adecuarse a este nuevo escenario y a las expectativas de este nuevo perfil de usuarios / clientes / consumidores / socios con semejante poder al alcance de sus dedos en cualquier momento y en cualquier lugar, ha sido el origen de la tan traída y llevada “transformación digital”.

La transformación digital no ha sido pues tanto una estrategia generada desde dentro de las organizaciones como una carrera –a veces desesperada- por anticiparse a ese nuevo entorno externo de individuos con un nivel de poder y una capacidad de elección previamente desconocido. Las organizaciones han pasado de poder permitirse no contestar a las reclamaciones de sus clientes o usuarios, a ver depender sus cotizaciones o su imagen pública de una queja mal contestada en una red social.

Las organizaciones que han sabido crear oportunidades o sacar partido de ellas  han obtenido niveles de crecimiento, beneficio e influencia global que sobrepasan, en algunos casos, los de muchos países. Las que no han podido, en más de un caso, han desaparecido o se han convertido en irrelevantes.

Ahora, en un estadio posterior, las tecnologías derivadas del ecosistema internet (y de manera muy especial el bigdata, la inteligencia artificial y el internet de todo  -es decir, la combinación del internet de las cosas y el internet de las personas-) anticipan una serie de cambios cuyo recorrido, en lugar de producirse desde los individuos hacia las organizaciones, irá de las organizaciones a los individuos y no siempre en beneficio de éstos.

Las administraciones públicas españolas, para las que la transformación digital no ha sido realmente una prioridad sino –en la mayor parte de los casos- una manera engañosa de poner un nombre de moda al último paso de un largo y arduo proceso de actualización tecnológica con escaso impacto en los modelos de organización, en los procesos y en las estructuras, se encuentran ahora en una situación en la que parece que esas tecnologías no van con ellas, precisamente porque el liderazgo en su adopción se está produciendo en el sector privado.

La administración del mañana

Uno de los fenómenos más inquietantes de los últimos años en las sociedades occidentales, tanto por el gran número de países en los que se da – bien es cierto que con gran variedad en las causas- como por el tipo de respuestas que genera, es la creciente desafección de los ciudadanos hacia los sistemas políticos democráticos.

El desinterés por la actividad política aumenta, al mismo tiempo que aumentan las expectativas ciudadanas acerca de lo que el Estado, como garante de los derechos de los ciudadanos, debería ser capaz de hacer; posiblemente, que  ese aumento de expectativas haya coincidido durante un largo período de tiempo con la reducción de los servicios públicos, sea una de las causas principales del alejamiento. La falta de asunción de responsabilidades de las élites políticas y económicas ante las consecuencias de la crisis es sin duda una causa adicional que, además, se ha traducido en el descrédito de la política como servicio al interés público y de los políticos como servidores de los ciudadanos.

No obstante, pensar que la mejora de la situación económica y una hipotética ampliación de los servicios públicos podrían hacer retroceder la situación y cerrar esta brecha entre los ciudadanos y sus representantes y gobernantes es escasamente probable.

El tiempo ha pasado, el mundo ha cambiado y el impacto digital ha hecho aparecer servicios y tecnologías que ofrecen a los usuarios posibilidades más atractivas, flexibles, potentes, personalizables, etc. que las ofrecidas por las administraciones públicas, en campos tan diversos como la formación, la atención sanitaria o la búsqueda de empleo. Y se atisban posibilidades aún más subversivas en muchas de las áreas en las que la administración ha venido actuando tradicionalmente, en régimen de monopolio, como “tercero de confianza”, o como árbitro e intérprete de las reglas de convivencia.

Todas esas posibilidades, combinadas y disponibles tanto para los ciudadanos como para las organizaciones pueden convertir a las administraciones públicas en elementos irrelevantes, meros espectadores incapaces tanto de actuar sobre el presente de la sociedad como de influir en su futuro.

Si las administraciones públicas desean mantenerse como instrumento de garantía de los valores democráticos y los derechos de los ciudadanos, un escenario como el descrito para los próximos meses de 2018 no debería ser un conjunto de actividades inconexas de digitalización de ciertas actividades o de empleo de tecnología para cumplir con obligaciones normativas.

Debería ser el punto de partida de una prospección sistemática de qué tecnologías emergentes pueden servir para crear valor público y cómo y dónde aplicarlas, seguida por un plan integral de despliegue que incorpore actuaciones normativas, recursos económicos, colaboración con el sector privado y, sobre todo, un plan de recursos humanos a medio y largo plazo a la altura del reto.

Porque lo más relevante de la tecnología, ahora y en el futuro, son las personas.

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